La Asociación Automotriz del Perú advierte que la medida estigmatiza a millones de motociclistas y exige al Gobierno sustentar con datos su impacto real contra el delito.
La reciente decisión del Gobierno de prohibir la circulación de dos personas en una motocicleta volvió a encender el debate público. La Asociación Automotriz del Perú (AAP) expresó su rechazo a la norma al considerar que afectará directamente la movilidad y el sustento de millones de ciudadanos que utilizan la moto como principal medio de transporte.
Jaime Graña, gerente general de la AAP, lamentó que se siga asociando a la motocicleta con la criminalidad. Señaló que la percepción negativa se origina principalmente en delitos cometidos con vehículos robados y en problemas de cultura vial, pero remarcó que la gran mayoría de motociclistas utiliza la moto por necesidad y no para actividades ilícitas. “No son criminales, se ha estigmatizado la motocicleta”, afirmó.
La disposición busca reducir delitos como el sicariato, la extorsión y los robos al paso, donde suelen intervenir motos. Sin embargo, Graña cuestionó que no exista evidencia concreta de que este tipo de restricciones logre reducir la delincuencia. Recordó que en otros países donde se aplicaron medidas similares, los criminales simplemente adaptaron sus estrategias, cambiando horarios o zonas de operación.
Desde la AAP también se advirtió que la norma podría generar un efecto contrario, ya que los delincuentes podrían operar de manera individual, multiplicando los asaltos en lugar de reducirlos. Por ello, el gremio exige al Ejecutivo transparencia sobre los indicadores que se utilizarán para evaluar la efectividad real de la medida.
Las opiniones en torno a la restricción están divididas. El presidente del Congreso, José Jerí, defendió la prohibición al señalar que la grave situación de inseguridad requiere medidas excepcionales. Indicó que se emitirá un decreto supremo que permitirá a la Policía Nacional intervenir y sancionar a quienes incumplan la norma.
En la misma línea, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, respaldó la medida, aunque reconoció el impacto negativo que tendrá en el sector motero. Explicó que las organizaciones criminales utilizan motocicletas por su facilidad para evadir controles y escapar incluso en zonas congestionadas.
No obstante, el excomandante general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, advirtió que la prohibición será difícil de aplicar debido a la falta de personal policial y a la limitada capacidad operativa de la Policía de Tránsito. Señaló que solo una parte de los efectivos está habilitada para fiscalizar esta infracción y que, con cerca de dos millones de motocicletas circulando en Lima y Callao, la supervisión será prácticamente inviable.
Pérez Rocha también cuestionó la ausencia de un plan integral de seguridad ciudadana y la falta de coordinación entre las entidades del Estado. Según indicó, sin una estrategia articulada y sin fortalecer a la Policía, la restricción no tendrá resultados tangibles frente al crimen organizado.
Para la AAP, la motocicleta es una herramienta esencial para miles de familias peruanas, utilizada para llevar a los hijos al colegio, trasladarse al trabajo o realizar actividades diarias. Por ello, el gremio insiste en que cualquier medida de seguridad debe basarse en evidencia, sin criminalizar a quienes dependen de la moto para vivir.
