Condiciones laborales y proyectos de ley a favor de los repartidores de delivery

Según el INEI, alrededor de 46.000 personas trabajan como repartidores (el 1,1% de la Población Económicamente Activa), pero los derechos laborales en este sector son casi nulos y las condiciones altamente precarias.

¿Qué derechos tienen los trabajadores de delivery?

La investigación realizada por el Observatorio de Plataformas Perú, durante los años 2019 y 2020, concluye que las características del trabajo en este sector responden a condiciones precarias y casi informales.

Esto, debido a que los repartidores trabajan más de 8 horas diarias —alrededor de 12, 13 o 14 horas—y sus ingresos semanales, y mensuales, dependen de la cantidad de repartos que puedan realizar en el tiempo que estén conectados.

Incluso, se podría calificar como un trabajo a destajo, es decir, cuando un empleado recibe una tarifa fija por completar una tarea, independientemente del tiempo invertido. Además, los sueldos que perciben son menores al mínimo en el Perú.

“Lo que ellos puedan obtener a fin de mes oscila, según lo que calculamos en el 2019, entre los S/ 1.200 y S/ 1.400. Ese ingreso mensual va a depender del tiempo empleado y de la calificación del consumidor y de la plataforma. Mientras tengas una calificación mayor, vas a poder acceder a más pedidos”, explicó Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Perú.

“De los ingresos obtenidos, el repartidor debe asumir todos los gastos, como combustible, SOAT, pagos administrativos, celular, paquete de datos y, muchas veces, se debe hacer cargo de la canasta básica familiar. Entonces si le quitan todos estos gastos, estas personas ganan por debajo del sueldo mínimo”, explicó Dinegro a La República.

Es importante señalar que, actualmente, en el Perú no existen datos públicos sobre las condiciones laborales de los repartidores de delivery, las cifras que se tienen son producto de esfuerzos independientes e investigaciones privadas.

Asimismo, las plataformas digitales tampoco tienen la obligación legal o administrativa de brindar información sobre las ciudades en las que opera, su número de trabajadores o qué usuarios la usan. Esto también representaría un grave vacío legal que afecta a los clientes.

Precariedad laboral

Por su parte, Enrique Fernández-Maldonado, miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad, coincidió en que las condiciones laborales son altamente inestables e inseguras. Esto estaría relacionado con el tipo de contrato que tienen los empleados de este sector.

“Para las empresas de los aplicativos, el vínculo con sus trabajadores es de locación de servicios, no laboral. Y con ello quieren esconder que, a pesar que no cumplen una jornada laboral regular, hay relación de subordinación y sujeción a las condiciones contractuales que les imponen las empresas. A esto hay que sumarle que no están sindicalizados, por tanto, no pueden negociar sus condiciones de trabajo”, indicó a este medio.

En esa línea, Alejandra Dinegro señaló que, en términos de condiciones laborales, se pueden calificar como semi-formales porque cada repartidor o conductor paga impuestos a la Sunat. Y, a su vez, también como semi-informales, ya que están fuera de cualquier marco regulatorio. Esto, desde el punto de vista laboral.

“El Estado no los reconoce como trabajadores y esa es una situación complicada porque, cuando van a Sunafil a presentar una denuncia, no los van a considerar como trabajadores(…) Podríamos hablar de una situación de tercerización”, agregó.

Proyectos de ley

El partido político Frepap presentó el proyecto de ley N.°07567/2020-CR, que buscaba garantizar las condiciones mínimas laborales para los trabajadores de plataformas digitales. Este fue debatido en el Congreso, pero no logró aprobarse para una segunda votación.

Actualmente, existe el proyecto ley N.° 018/2021- CR, propuesto por la actual congresista y parte de la Comisión de Trabajo, Susel Paredes. Entre sus objetivos está crear un nexo laboral entre los repartidores y las empresas de aplicativos. No obstante, hasta el momento, no es parte de la agenda del Parlamento.

¿Qué se puede hacer ante este escenario?

“Se puede regular en materia de salud y seguridad en el trabajo, combatir la discriminación, los derechos de los usuarios, dar acceso a seguros de salud. Para estos temas, ya tenemos normativas, instituciones y mecanismos. Sobre esos puntos se puede trabajar y dejar para más adelante la discusión de fondo sobre si las personas entre comillas independientes tienen también derechos laborales”, señaló la investigadora Alejandra Dinegro.

“Es responsabilidad del Estado velar para que las condiciones de empleo de cualquier trabajador de cualquier rubro en nuestro país sean dignas, ese el rol del Estado peruano y no lo está cumpliendo en ese aspecto”, concluyó.

Fuente: larepublica.pe