El 2025 fue un año clave para los motociclistas peruanos, con nuevas disposiciones del Estado, ajustes en normas de seguridad, debates por costos adicionales y medidas que impactaron directamente en la movilidad, el trabajo y la economía de miles de usuarios de moto en todo el país.
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A lo largo del 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsó una serie de medidas enfocadas en seguridad vial y control urbano, siendo una de las más debatidas la obligatoriedad del uso de casco certificado para conductor y acompañante. Esta norma buscó reducir lesiones graves en accidentes de tránsito y se mantuvo como exigencia a nivel nacional, con fiscalización progresiva por parte de las municipalidades y la Policía.
Otro punto que marcó el año fue la implementación del chaleco retrorreflectivo con número de placa visible, aplicado principalmente en zonas declaradas en estado de emergencia, como Lima y Callao. La medida generó rechazo entre gremios motociclistas por su costo y efectividad, lo que llevó al MTC a suspender temporalmente su exigencia y otorgar plazos de adecuación antes de aplicar sanciones económicas y administrativas.
Durante el año también se discutió la modificación del sistema de placas para motocicletas, una propuesta que buscó mejorar la identificación vehicular. Aunque la intención fue reforzar la seguridad ciudadana, asociaciones de moteros advirtieron sobre el impacto económico y pidieron que cualquier cambio mantenga costos accesibles, especialmente para quienes usan la moto como herramienta de trabajo.
En paralelo, varias municipalidades intentaron implementar registros locales de motocicletas de reparto (delivery), lo que generó cuestionamientos por posibles restricciones a la libre circulación. En algunos casos, estas iniciativas fueron observadas o corregidas tras reclamos del sector, dejando en claro que el 2025 también fue un año de defensa activa de los derechos del motociclista.
No todas las noticias fueron restrictivas. El crecimiento del uso de motos eléctricas fue impulsado por incentivos indirectos, ahorro en combustible y mantenimiento, y nuevos modelos de acceso sin inversión inicial elevada, beneficiando especialmente a repartidores y trabajadores urbanos. Este cambio reforzó el debate sobre una movilidad más económica y sostenible para el país.
Finalmente, el 2025 dejó en agenda la necesidad de una política integral para motociclistas, que incluya educación vial, infraestructura adecuada, costos justos en seguros y normas consensuadas con el sector, evitando medidas improvisadas que afecten a quienes dependen de la moto para movilizarse o generar ingresos.
Las leyes y disposiciones aplicadas en 2025 evidenciaron que el motociclista sigue siendo un actor central en la movilidad del Perú, pero también uno de los más expuestos a cambios normativos. Entre avances, pausas y rectificaciones, el año dejó claro que cualquier regulación futura deberá equilibrar seguridad, economía y realidad del motero, para que las normas no se conviertan en una carga, sino en una verdadera mejora para el tránsito y la convivencia vial.
