El gremio advierte un fuerte impacto económico y social si el Ejecutivo no da marcha atrás a la medida.
La tensión entre el Gobierno y el sector motociclista volvió a escalar tras el anuncio de un nuevo decreto que prohibiría la circulación de dos adultos en una misma moto. En respuesta, cerca de 400 motociclistas se movilizaron por la avenida Salaverry rumbo a la Plaza San Martín y el Congreso de la República, en señal de rechazo a una medida que consideran arbitraria y atentatoria contra el derecho al trabajo y al libre tránsito.
Dani Mendoza, presidente de la Comunidad de Motociclistas del Perú, advirtió que si en la reunión pactada con el Ejecutivo para este martes a las 5:00 p.m. no se alcanza un consenso, el gremio iniciará un paro nacional. Según explicó, paralizar a casi cuatro millones de motociclistas generaría pérdidas millonarias para el Estado, afectando directamente al delivery, el consumo de combustible y el sustento de
miles de familias. “El motociclismo mueve mucho dinero. Tiene que haber diálogo y el presidente tiene que escucharnos”, señaló.
Desde el Ejecutivo, el presidente interino José Jerí justificó la medida como una acción urgente frente al avance del sicariato y las extorsiones, recordando que la restricción ya fue aplicada y luego derogada en 2025. Esta postura es respaldada por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien sostuvo que una moto con dos ocupantes genera temor en la ciudadanía debido al uso de este
vehículo en crímenes violentos.
Sin embargo, los motociclistas se sienten estigmatizados. Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, calificó la decisión como discriminatoria y acusó al Gobierno de convertirlos en “ciudadanos de segunda categoría”. Para el gremio, el problema no es la moto, sino la falta de inteligencia policial y estrategias eficaces contra el crimen organizado. “Es una norma sin sustento técnico que solo perjudica al trabajador honesto”, afirmó.
Como alternativa, la comunidad motera propone una fiscalización focalizada en zonas de alta incidencia delictiva y un trabajo real de inteligencia para desarticular bandas criminales, en lugar de aplicar prohibiciones generales que afectan a quienes se movilizan con familiares o compañeros de trabajo.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que la restricción entraría en vigencia desde el martes 20 de enero, con multas de hasta S/1.320, acumulación de puntos en la licencia y sanciones más severas en caso de reincidencia. A la espera del diálogo con el Ejecutivo, los motociclistas advierten que, si no hay marcha atrás, el país podría enfrentar una paralización con fuerte impacto económico y social.
