En una conferencia de prensa llamada por las “Voces unidas de los motociclistas del Perú” en las instalaciones de la AAP (Asociación Automotriz del Perú), voceros de diversas agrupaciones de motociclistas alzaron su voz para rechazar, una vez más, la ley que obliga a los motociclistas a usar un chaleco retroreflectivo con el numero de su placa impreso.
José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), indicó que se está presentando una denuncia formal al poder judicial para anular o derogar esta ley que muchos consideran absurda. “Las medidas deben ser tomadas en contra de los delincuentes, no en contra de los ciudadanos” exclamó. Así mismo, denunció que las peticiones para realizar reuniones con el recién cambiado gabinete ministerial han quedado en nada.
Por su parte Edwin Dearteano, presidente de la fundación Transitemos, calificó a la ley como “resucitada”. “Esta es una medida que fue revisada en el 2015 cuando en Colombia se estaba teniendo problemas con la delincuencia. No funcionó en aquel entonces allá y menos va a funcionar 10 años después aquí en Perú”. Recordó que las motocicletas representan uno de los vehículos más usados para ejercer algún tipo de trabajo reemplazando al caótico transporte público de Lima. Concluyó que “dar normas difíciles de cumplir, lo que hace es fracturar el estado de ley” haciendo referencia a las comunidades provinciales, donde es aún mas dificil e incomodo acatar estas leyes de indentificación.
El Dr. Pedro Reyes Mispireta, psicólogo además de motociclista explicó, desde su experticia que esta medida mucho menos que ayudar a combatir las tasas de criminalidad, genera un foco de segregación entre los motociclistas y el resto de la sociedad. “Lo que hace es hacer crecer la discriminación hacia las personas que andan en moto” dijo, haciendo paralelismos entre la Alemania nazi de 1933 donde la población judia fue marcada haciendo una fisura en la dinámica social de la época.
Paul Veliz, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales de Perú (SINTRAPLADI),habló desde uno de los sectores más estigmatizados por la medida: los prestadores de servicios de delivery. Expresó que, aún teniendo problemas de regularización laboral, esta medida echa más leña al fuego, complicando a los prestadores de servicio con una normativa adicional que no presenta ningún beneficio real. “El delincuente esquiva y evita a la policia. El delivery quiere hacer su envío lo más eficientemente posible”, expuso. Resaltó que las medidas adicionales de no llevar acompañante también afecta a los padres y madres de familia que dependen de sus motocicletas para evitar los peligros y la perdida de tiempo que existe en el transporte público.
El encuentro, también contó con la participación de Pierluigi Crippa, presidente del Comité de Motocicleta de la AAP, quién explicó que además de rechazar la medida de los chalecos, desde los gremios las propuestas no faltan para combatir la ola de delincuencia que quejan al país. Dijo que la clave se encuentra en la utilización de tecnologías eficientes para la seguridad ciudadana. Chips para las motocicletas, placas más grandes, sistemas de comunicación efectiva fueron algunas de las propuestas que explicó están en marcha. Calificó de incluso peligrosa la utilización del chaleco, pues el delincuente posiblemente también querrá robar el chaleco cuando roba la moto.
Ya circulan por redes diversos videos que registran claramente como delincuentes, aun usando chalecos reglamentarios, roban abiertamente a ciudadanos de a pie. Esto reafirma las acotaciones emitidas por estos diferentes gremios de motociclistas del país que cuestionaron funcionalidad de este método de combatir la criminalidad incluso desde antes que se aprobara.
El principal argumento es la facilidad con que los delincuentes pueden evadir las normas -falsificar placas en los chalecos- o, como quedó comprobado, aún robar sin que el chaleco de más facilidad para identificar a los criminales.
La opinión general es que estas medidas son una pérdida de dinero para los usuarios y de tiempo para los policias que se ven obligados a fiscalizar a los motociclistas pudiendo estar verdaderamente combatiendo la delincuencia.
Otros indican que es una medida que lo que propicia es la corrupción de los funcionarios, dando una excusa más para recibir sobornos de personas que incumplen la ley sin ser delincuentes.
Con casi 3 millones de motocicletas a nivel nacional, sus usuarios esperan que las autoridades tomen medidas más serias con respecto a la delincuencia, pues son de los más vulnerables a ella por el robo de sus vehículos.
Por último, José Barrera, también representante del AHMUP hizo un llamado a la movilización motera para este viernes 30 de mayo a las 9:00 am en el campo de marte para hacer sentir la voz del desacuerdo ante estas medidas a las autoridades gubernamentales.
