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El Poder Ejecutivo aprobó modificaciones a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre mediante la Ley N.º 32184, introduciendo nuevas placas para motos y mototaxis que prometen mayor visibilidad e identificación. Sin embargo, estas medidas han generado controversia, especialmente por el impacto económico en los propietarios y la falta de claridad sobre su implementación.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tendrá 30 días hábiles para detallar las especificaciones técnicas de las placas y calcomanías, que incluirán soportes fijos y un dispositivo electrónico autodestructible. Este último permitirá la identificación remota del vehículo y busca evitar manipulaciones ilegales. Aunque estas innovaciones parecen un avance, algunos cuestionan si realmente solucionarán los problemas de seguridad vial o si solo serán una carga más para los conductores.
El cambio se realizará de forma gradual. Durante los primeros 120 días hábiles desde la promulgación, el MTC publicará un cronograma para el reemplazo de placas, comenzando con Lima y Callao. Sin embargo, muchos propietarios temen que el proceso genere costos adicionales y complicaciones burocráticas, especialmente porque no se han planteado subsidios ni apoyos económicos para quienes deban adaptarse a estas nuevas disposiciones.
El costo del cambio de placas recaerá completamente en los propietarios de los vehículos. Este monto se pagará durante trámites vehiculares como inmatriculaciones o cambios de registro en la Sunarp. Aunque el cambio será obligatorio según el cronograma, el Gobierno ha ofrecido la opción de realizarlo voluntariamente antes de las fechas establecidas. A pesar de ello, los conductores consideran que esta medida debió contemplar alternativas más accesibles.
La norma también establece que las nuevas placas y calcomanías deben garantizar una visibilidad inmediata. Sin embargo, organizaciones de motociclistas y usuarios han expresado su preocupación sobre si estas especificaciones realmente mejorarán la seguridad vial o si representan un gasto injustificado en un contexto económico ya difícil para muchos.
Uno de los elementos más polémicos es el dispositivo autodestructible, que, aunque diseñado para evitar manipulaciones, podría implicar problemas adicionales si su funcionamiento no se ajusta a las necesidades reales de los usuarios. Además, su fabricación y mantenimiento probablemente incrementen los costos sin un beneficio claro para la comunidad motociclista.
A pesar de estar refrendada por las máximas autoridades del país, esta ley parece haber dejado de lado la perspectiva de los motociclistas, quienes exigen una revisión más inclusiva de estas medidas. Sin subsidios o apoyos, muchos ven esta normativa como una imposición que beneficia más al control estatal que a la seguridad vial.
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