El aumento sostenido de motocicletas y mototaxis en Piura impulsa la movilidad, pero también exige mejores medidas de orden, educación y fiscalización para reducir los siniestros viales.

El parque automotor de Piura atraviesa una expansión acelerada, impulsada principalmente por las motocicletas. De acuerdo con cifras oficiales, la región concentra más de 253 mil unidades entre motos y mototaxis, una realidad que ha transformado la dinámica del tránsito y presiona la infraestructura vial existente. Este crecimiento, clave para el trabajo y la movilidad diaria, también plantea retos urgentes en seguridad y gestión urbana.
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Las estadísticas muestran una tendencia sostenida al alza. En 2021 circulaban 185 mil motocicletas en Piura; para 2024 la cifra superó las 233 mil, según el MTC. A nivel nacional, el parque de motos creció 308,9% entre 2010 y 2024, muy por encima del aumento de los vehículos de cuatro ruedas. Más unidades en circulación significan mayor exposición al riesgo si no se acompaña de capacitación y control efectivos.
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La seguridad vial es el punto más sensible. En lo que va del año se registraron 147 fallecidos por accidentes de tránsito en Piura, muchos de ellos usuarios de motocicletas o peatones involucrados en choques con estos vehículos. Desde el MTC se advierte que la vulnerabilidad obliga a reforzar prácticas básicas como el uso de cascos certificados, capaces de reducir hasta en 40% el riesgo de muerte.
El crecimiento comercial refuerza el escenario. Solo hasta octubre de 2025 se vendieron 19,531 motocicletas en Piura, un incremento anual de 32,7%, convirtiendo a la región en una de las de mayor demanda del país fuera de Lima. Este dinamismo económico requiere una respuesta integral: educación vial, fiscalización inteligente y mejoras en la planificación del tránsito, sin criminalizar al motociclista.

Piura enfrenta el desafío de ordenar su crecimiento vehicular sin frenar una movilidad que sostiene miles de empleos. El camino pasa por políticas equilibradas: más formación, mejor control y una infraestructura que proteja a todos los usuarios de la vía, poniendo la seguridad vial como prioridad compartida.



